Hace
unas semanas era noticia una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
la 419/2013 de 18 de febrero, que revocaba la sentencia de 23 de febrero de
2012 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Málaga, y rechazaba el
derecho a la objeción de conciencia planteada por una medico del Servicio
Andaluz de Salud que, por motivos deontológicos, rechazaba implicarse en
cualquier acto relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo (aborto,
para decirlo sin eufemismos), tanto en la fase consultiva, como en la
preparatoria y en la ejecutiva, y entendía que la negativa de la Administración
a su solicitud vulneraba su derecho a la objeción de conciencia consagrado por
el art. 16 de la Constitución española (CE).
La
citada sentencia, dentro de la línea de interpretación más dura y restrictiva
de derechos fundamentales, dice que el derecho a la objeción de conciencia en relación con la interrupción del
embarazo no es un derecho fundamental
que quepa incardinar en el art. 16 CE [afirmación sorprendente cuando el
Tribunal Constitucional, en la sentencia 53/85 de 11 de abril, lo declaró
explícitamente como un verdadero derecho constitucional que forma parte del derecho a la libertad
ideológica y religiosa del art. 16 CE, y que, por tanto, no requiere de un
desarrollo legal para ser directamente aplicable], sino que, por el contrario, es objeto de regulación legal ordinaria a la que el
interesado debe acogerse en cada caso concreto estando excluida la atención
médica anterior y posterior a la intervención propia de la interrupción del
embarazazo.”
No
puedo decir que me haya extrañado demasiado esta resolución. Ya me referí a la objeción
de conciencia (en general) en este mismo blog, y advertía que el éxito de
las garantías establecidas en los regímenes democráticos para garantizar ese
derecho es difícil y precario porque – Pierluigi Chiassoni – “depende básicamente de
dos factores, por un lado de la actitud
cultural de los operadores jurídicos, y por otro de un poderoso trabajo de elaboración doctrinal y
jurisprudencial concerniente a la determinación de las materias
específicamente protegidas por el principio de libertad de conciencia.”, qué
son materias moralmente sensibles, y ni la una ni la otra están a veces – en
España, desde luego, no - a la altura de lo que tan solemnemente proclaman las
Constituciones y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; y
también en otra ocasión me referí específicamente a la
objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, antes y después de
la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de
interrupción voluntaria del embarazo (la regulación ordinaria a la que se
refiere la sentencia del TSJ andaluz), advirtiendo que, pese a lo positivo de
que en esta ley se recogiera explícitamente (en su art. 19) ese derecho a la
objeción de conciencia, su texto introducía muchos elementos de duda y conflicto
que estaban siendo objeto de resoluciones contradictorias, [uno de ellos,
precisamente, es objeto de la resolución
judicial que comentamos: qué debe entenderse por actos “directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo”],
y podía convertirse de hecho en una restricción del derecho frente a la
situación anterior.
Así
ha sucedido en este caso, con esta sentencia del TSJ de Andalucía que es,
argumental y técnicamente, pobre, muy pobre.
Pero
no se trata aquí de hacer un análisis desde el punto de vista jurídico de la
sentencia, sino de dejar constancia de que encarna y reviste de ropaje jurídico
una posición ideológica previa, y de que hace realidad el riesgo que ya se
anticipaba de que el reconocimiento por ley de la objeción de conciencia en el
ámbito del aborto deviniera, por la vía de la interpretación muy restrictiva de
sus términos, tanto por una Administración tan ideológicamente a favor del
aborto como alérgica a respetar los derechos de quienes en una materia tan
sensible se oponen, como por el operador jurídico encargado de esa
interpretación (en este caso el TSJ de Andalucía), en la denegación de ese
derecho, y en la consecuente obligación del médico de participar en un acto que
repugna a su conciencia –las labores de información sobre cómo se tramita un
aborto, la entrega del sobre cerrado y la derivación, no son un mero trámite
formal previo, sino el inicio del proceso de interrupción del embarazo-, o
incurrir en desobediencia, con las sanciones y consecuencias de todo tipo que
le puedan suponer.
En Europa sí lo han tenido claro cuando, rechazando el informe de la diputada británica Christine McCafferty, que pretendía restringir la objeción de conciencia, en particular ante el aborto o la eutanasia, el Pleno de la Asamblea del Consejo de Europa aprobó, el 7 de octubre de 2010, la Resolución 1763 que defiende explícitamente el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, al señalar que "ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, culpada o discriminada por negarse a realizar, autorizar, participar o asistir a la práctica de un aborto, eutanasia o cualquier acto que cause la muerte de un feto humano o un embrión por cualquier razón."
En
España no está ocurriendo lo mismo, está claro, y ante nuestra evidente
incapacidad para crear un cuerpo doctrinal y jurisprudencial coherente para
delimitar lo que son materias moralmente sensibles (es increíble que se venga a
decir que el servicio militar obligatorio lo es, porque se reconoce
explícitamente en la Constitución, y el aborto no) y una “actitud cultural” de
nuestros tribunales contraria a admitir el reconocimiento del derecho a la
objeción de conciencia salvo que una ley – emanada del mismo poder que la
impone - expresamente lo admita y regule, sería de desear que en la nueva regulación que se anuncia de la prestación sanitaria a la interrupción voluntaria del embarazo para acabar con la ley de plazos implantada por la ya citada LO 2/2010 no se limite a eso, sino que se actúe con cierta sensibilidad respecto a los profesionales sanitarios y se reconozca y regule con generosidad su derecho a la objeción de conciencia, eliminando las restricciones que algunas administraciones públicas, con la complicidad de algunos tribunales, están imponiendo a ese derecho fundamental. Es cuestión de sensibilidad y salud democráticas.
Ya veremos.
Ya veremos.
9 comentarios:
Me viene a la memoria el tremendo calado social que tuvo la objeción de conciencia para eludir el servicio militar. Era una objeción política, de oposición a jurar una bandera, de oposición a todo lo que oliera a militar o al deber cívico de defensa de la patria, deber que supone solidaridad con el resto de españoles. Realmente, ¿en qué se basaba aquella objeción?.
Pero cuando objetar es dar rienda suelta a la vida, evitando el martirio de una madre y un hijo haciendo del vientre materno, fuente de vida, un cementerio de inocentes, entonces la objeción no tiene el aliento de aquellas voces tan críticas y proclives a desmembrar España, empezando por uno de sus núcleos más pequeños pero más fuertes, la familia.
Sí, es verdaderamente chocante, la importancia que se le dio a aquella objeción a lo que era un servicio a España, bajo el paraguas del pacifismo y del individualismo más feroz (aunque, curiosamente, se protagonizó desde la izquierda), que llegó a tener rango constitucional, y la poca importancia salvo para imponer restricciones que, también fundamentalmente desde la izquierda , se da a la objeción de conciencia a participar en un aborto, que implica per se un acto violento.
Para hacérselo ver.
Desperdicio los comentarios de Rubalcaba o Purificacion Causapié. El primero con sus declaraciones: "cambiar en estos momentos la ley del aborto tiene que ver con los "débitos" del PP con la Conferencia Episcopal". Causapié, la que fuera directora del IMSERSO con Zapatero, comentaba entre muchas otras lindezas: "estamos subvencionando y dando una situación de privilegio a una confesión religiosa para hacer un trabajo que va en contra de los derechos de las mujeres" o "No vamos a permitir estas injerencias de la Iglesia en los derechos fundamentales de las mujeres." ¿De qué derechos hablan?, ¿se han parado a pensar en el derecho a la vida?, ¿por qué tanto odio a la Iglesia?, ¿a qué sebvenciones se refieren?.
Uno puede ser creyente o no pero la aniquilación de la vida debe de entenderse como lo que es, un asesinato en toda regla y ante eso no puede haber opción alguna diferente a permitir que la vida prime ante la muerte. Comentaba Causapié que solamente las mujeres que pudieran costearse el viaje, podrían abortar. Me resulta atroz ver como se trata un asunto tan serio, en el que está en juego la vida de una persona, de una manera tan mercantilista, precisamente por los que proclaman a los cuatro vientos, falsa, hipócrita y tendenciosamente, un "no a la guerra", cuando cobardemente son culpables de alentar la guerra interna en la que hacen militar a miles de adolescentes a las que les lavan el cerebro para hacerles ver que el aborto es la solución a un problema en lugar de darles esperanzas y apoyo ante el nacimiento de una nueva vida, máxime ante la urgente necesidad de darle una nueva configuración a la descalabrada pirámide de población española.
Más vale que a esa Iglesia que tanto atacan, le agradecieran el tremendo papel que está jugando en la crisis actual, con fondos propios aportados por la generosidad de millones de católicos que arriman el hombro ante las necesidades de las personas, en vez de hacer lo que hacen algunos, esto es, aprovecharse de la fuerza que da un escaño para tener distintos altavoces con los que rebuznar a sus anchas.
Desperdicio y vergüenza- Pensaba que el S.XXI traería cordura e inteligencia pero está siendo un perenne atentado contra el ser humano: persiste el aborto, el matrimonio antinatural, la sangría del sistema autonómico, mercenarios políticos, extremistas religiosos que matan por sistema, terroristas que disfrutan de fondos públicos, sindicatos que aceptan facturas de marisco y Barrantes de sus líderes...
Afortunadamente no es cierto que sólo sea la Iglesia la que se opone al aborto - sería una vergüenza que así fuera - y hay muchas voces que desde la ciencia, la filosofía, la ética, se oponen a lo que consideran una aberración. Pero a los que lo promueven les interesan las simplificaciones, el trazo grueso, y así alimentan además su anticlericalismo laicista que les sirve de seña de identidad cuando no les quedan ideas. Y dan carnaza a sus bases, en nombre de la "libertad", y de los derechos, de unos sobre otros, aunque se trate de la vida.
Por eso hay que seguir insistiendo, Manolo, y hacer ver las contradicciones en que caen, no tanto por ellos, que cerriles como son no se van a apear de esa posición, como por quienes puedan verse confundidos por sus argumentos.
Pues no Virginia, no sólo no ha traído más cordura, sino que nos quiere retrotraer a los tiempos de la barbarie, de la ley del más fuerte, del oscurantismo irracional basado en consignas al margen de la ciencia y la razón, y en nombre de la "libertad", un comodín que interpretan a su gusto y manera y que les sirve lo mismo para negar el derecho a la educación conforme a las propias convicciones que para justificar todo eso que dices.
Pero bueno, nunca ha sido fácil, y no se puede decir nunca que todo está ya ganado (derechos, libertades); a cada generación le toca luchar por una causa, o varias, y a la nuestra también.
Nos jugamos mucho, nosotros y las generaciones venideras. Si no luchamos caeremos en el conformismo, con todo el riesgo que entraña claudicar ante un materialismo disfrazado de humanismo.
Es verdad Virginia, incluso, aunque solo sea desde un punto de vista puramente egoísta - por lo que nos pueda pasar a cada uno de nosotros cuando no seamos "útiles" a la sociedad - , más nos vale espabilar y recuperar el rumbo...
"Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha pedido al Gobierno de El Salvador que reconsidere su legislación sobre el aborto". Esta es parte de la reciente noticia en la que queda clara la posición de un organismo internacional, la ONU, decantada cada vez más hacia posturas a favor del aborto, dando consejos a estados independientes como El Salvador, Argentina o Polonia y metiéndose en arenas movedizas que no son o no deberían ser de su competencia por lo pretencioso de su intromisión y por tomar parte en un asunto tan delicado y en el que tantos ingredientes se barajan como: consideraciones religiosas, consecuencias éticas y morales, desprotección a la infancia, desinformación a menores, desatención social, peligro de muerte de un ser humano, etc. Me parece triste que camuflen sus consejos aludiendo a la defensa de los derechos sexules o de las mujeres, cuando en realidad están ocultando un control selectivo de la natalidad, un control de nacimientos por zonas geográficas, la vulneración del derecho a la vida, el atropello sistemático a la familia o la permisibilidad con el holocausto infantil. Luego nos dirán que la población está envejeciendo en determinadas zonas y de ahí el mirar hacia otro lado en lo concerniente al tráfico de niños de zonas superpobladas a zonas "culturalmente desarrolladas" en las que se desacredita la natalidad natural y se ve con buenos ojos la adopción de niños por parejas de homosexuales o invertir millonadas en tratar de lograr que un hombre quede preñado.
Publicar un comentario