Uno de los nuestros

El pasado 2 de noviembre – tiene su aquel que fuera el día de difuntos - era noticia en un diario (El País) que la declaración de intenciones del ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, de modificar la actual regulación del aborto - Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo - para acabar con el sistema de plazos y volver al sistema de supuestos de la LO 9/1985, pero eliminando el aborto “eugenésico” (por malformaciones físicas o psíquicas del feto), había movilizado a algunos profesionales sanitarios que habían redactado un manifiesto contra la reforma porque, dicen, suprimir la opción de interrumpir el embarazo en esos casos tiene consecuencias trágicas para las familias afectadas. Ya antes una discapacitada asturiana, que se declaraba “feliz” porque su familia le hacía gozar de una vida satisfactoria, había conseguido miles de firmas contra la anunciada reforma afirmando que la decisión de traer al mundo a un hijo sabiendo que viene a luchar, a padecer dificultades por una malformación, solo compete a la madre y a la familia, que son los que se verán comprometidos a prestarle su dedicación; y en el mismo sentido un neurocirujano escribía un artículo en El País en el que, bajo el título “Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento”, daba cuenta de los esfuerzos (recursos) sanitarios y sociales que hay que dedicarles, y de los esfuerzos familiares y del propio niño para conseguir una calidad de vida que considera inaceptable por los problemas propios de cada enfermedad, con estancias hospitalarias (para operaciones o rehabilitación) que “hacen imposible una escolarización correcta”, para que al final terminen muchos de ellos muriendo [¿muchos? ¡Todos moriremos!], y terminaba preguntándose, “¿Cómo puede gestionar el gobierno este problema? ¿Qué se les puede explicar a las familias e inclusos a los futuros niños? ¿Qué por la decisión de un político que fue ministro de Justicia no han podido valorar otras opciones?”

Si puede sorprender la iniciativa de la discapacitada - no tanto, en realidad, porque resulta ser militante pro-abortista - que hace depender el derecho a la vida del concebido de la voluntad y de la generosidad de la madre y de su familia, la preocupación del neurocirujano, que debe ser la que suscriben esos otros profesionales sanitarios, autores o adheridos al manifiesto, da simplemente miedo cuando la única otra opción a valorar es la de darle una muerte temprana, por la “calidad de vida” que se prevé que tendrá, los esfuerzos que va a tener que dedicarle su familia, y los recursos (médicos, sociales, económicos en definitiva) que hay que emplear para que al final posiblemente, dice, ¡termine muriendo! Todos podemos sentirnos amenazados.

Personalmente tengo mis dudas de que se lleve a cabo esa reforma alguna vez (anunciada para este otoño, ya se ha aplazado porque hay otras prioridades, y entra dentro de lo posible que esperen a ver qué dice el Tribunal Constitucional, como con la Ley del matrimonio homosexual, y así tener una coartada para no hacer nada), pero en el terreno de las declaraciones, al menos, el ministro fue bastante claro al afirmar no entender "…que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. Me parece éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con esa legislación. Y creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos", y coherente al asumir que reformar la legislación vigente es una obligación inherente a los Tratados ratificados por España.

Vamos a ver, es verdad que el aborto eugenésico es contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), vinculante para los 119 países, España entre ellos, que la han ratificado hasta ahora, y que en septiembre de 2011, el Comité de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención, hizo una advertencia a España porque permite ahora abortar sin invocar motivo hasta la semana 14, por peligro para la madre o anomalías del feto hasta la semana 22, y sin límite de tiempo si este tiene una enfermedad grave e incurable, señalando que “España debería abolir la distinción que hace la ley 2/2010 con respecto al plazo permitido para abortar, basada solo en la discapacidad”. Pero esa argumentación basada en el principio de igualdad y no discriminación presenta puntos débiles, porque – como afirmaba un compañero en un post – “la apelación desnuda al principio de igualdad es siempre un recurso peligroso. Por las mismas, podríamos también cargarnos otro de los supuestos que contemplaba la Ley de 1985, el llamado aborto “ético”: ¿acaso es legítimo discriminar al concebido a raíz de una violación versus el que es fruto de una relación consentida? Por otra parte, este argumento solo ataca la diversidad de trato, pero decae cuando no hay tal. Verbigracia, bajo esta óptica, una ley sería intachable si admitiera el aborto libre, sin distinción de supuestos, en el plazo más largo (22 semanas) ¡o incluso sin plazo!”; y tiene razón, pero la contradicción no se resuelve - como sostiene el autor - dejando la Ley como está, y tampoco con la propuesta del ministro, aunque sea un paso deseable, porque se sigue dando muerte a un ser humano, la violencia es violencia, sin que a ello obste en absoluto que se lleve a cabo, asépticamente, entre las blancas paredes de una clínica.

No deja de ser curioso el proceso por el que la falta de “calidad de vida” que se prevé para un ser humano, hace sentir a algunos una piedad anticipada por él, una falsa compasión que les hace obviar que, con enfermedad o sin ella, ese embrión es un ser humano, es decir, un ser vivo de la especie humana y, por tanto, merecedor de la misma protección que el resto de seres vivos de la especie humana que están en otros estadios de su desarrollo antes de su muerte, y llegan a la conclusión de que lo mejor para todo el mundo – incluidas, claro, las arcas del sistema sanitario - es matarlo.

En primer lugar hay que aclarar que la “calidad de vida” es en realidad un concepto clínico que surge para evaluar el grado de limitación y problemas de enfermos terminales, con unos índices en función del grado de conciencia, la existencia o no de dolor o de problemas con la alimentación y excreción, la capacidad de moverse por sí mismo, etc., con el objeto de saber si el tratamiento administrado es o no efectivo y así mejorar su atención. El problema es cuando ese criterio se absolutiza y se utiliza para medir la humanidad o la dignidad de las personas, con lo que la vida humana solo tendría valor si posee todos los atributos de calidad, y sin ellos sería impersonal, falta de dignidad y de sentido; es decir, bajo este punto de vista, si la vida humana ideal es la vida sana, con salud, que en definición de la OMS es un “estado de completo bienestar físico, mental y social; y no solamente la ausencia de enfermedad”, la vida enferma no sería propiamente vida humana, y esos índices de calidad de vida medirían no solo el grado de salud, sino propiamente el grado de humanidad de una entidad biológica, el hombre, y así los seres humanos que se encontraran en plenitud de facultades tendrían una dignidad máxima, frente a quienes no poseyendo ese grado de “calidad de vida” no poseerían esa dignidad humana plena, y no tendrían por tanto los mismos derechos, a la atención sanitaria, o a la misma vida.

Son conocidos en este punto los “Indicadores de humanidad” de Joseph Fletcher, de los años 70, que exigían para reconocer como tal a un hombre un determinado coeficiente intelectual, autoconciencia, autocontrol, sentido del tiempo, del futuro y del pasado, habilidad para comunicarse, control de la propia existencia, curiosidad, mutabilidad y creatividad, equilibrio entre sentimiento y razón, actividades distinguibles y funcionamiento neocortical. El problema es que si fuera legítimo matar a un ser humano porque corre el riesgo de tener una vida "sin valor" por no cumplir con unos determinados parámetros, entonces sería legítimo matar a todos los que entren en esos mismos parámetros, siempre arbitrarios, porque ¿en dónde se sitúa la “calidad de vida” de una persona? De hecho, con la aplicación de esos “indicadores”, ni el feto, ni el comatoso, ni el débil mental, ni el simple enfermo crónico, ni una persona sana que esté durmiendo – que, como el embrión, tampoco tiene en ese momento la capacidad de anticipar y temer lo que le va a suceder, como decía el autor del post citado para justificar su aborto porque, por esa razón, es de todos el que menos sufre - tienen todas esas actividades y, por ende, no serían personas, con lo que eso implica.

El hecho es que ante el diagnóstico precoz de una enfermedad o malformación que puede implicar una “calidad de vida” cuestionable según esos criterios, nace a veces una piedad anticipada por el feto; una psicología devastadora nos ha enseñado tan eficazmente los traumatismos de la infancia que preferimos suprimir un hijo a tener un hijo traumatizado por sus limitaciones, una sociedad caracterizada por la búsqueda del bienestar material a cualquier coste nos ha inoculado tal miedo, tal pavor en realidad, a la enfermedad y a la muerte que preferimos matarlo anticipadamente, con el convencimiento interior, además, de que es un acto de bondad – al fin y al cabo todos necesitamos dormir bien – y con el beneplácito y ayuda de una sociedad que ha dividido el trabajo de una forma tan burocrática que nadie pueda ser tenido por culpable, todos participan, y ninguno de ellos nota que sus manos se manchan.

No me resisto a transcribir, a este respecto, un diálogo real con una chica que quiere abortar, recogido por Fabrice Hadjadj [“Tenga usted éxito con su muerte”] que, aunque no se refiere a un supuesto de enfermedad o malformación, es muy ilustrativo:

“–Yo sería para él una madre demasiado mala, estaría resentida con él por haberme estropeado los estudios, me avergonzaría de estar resentida con él…prefiero sufrir yo en lugar de verlo sufrir a él. No quiero que sufra por no haber sido deseado. No quiero que sufra por mis reproches durante toda su vida.”

“– Podrías - replica mi mujer - dar en adopción a ese hijo, podría ser feliz en otra familia.”

“– De ninguna manera ¿Lo iba a llevar en mí nueve meses para darlo después? ¿Qué clase de madre sería? Saber que a mi hijo lo educan otros, ¡sería insoportable! Y pensando en él, ser adoptado no sería bueno para su equilibrio psíquico.”

Confiesa Hadjaj que se quedaron sin habla ante tanta solicitud, y es que en casos como este, en lo que denomina la “sociedad del crimen perfecto”, eliminamos al otro por altruismo.

Lo cierto es que, con enfermedades, alteraciones o discapacidades, o sin ellas,  a la pregunta acerca de cuándo comienza la vida humana (no la “persona”, que es un concepto distinto, jurídico y, por tanto, arbitrario) debe responder la ciencia, y a este respecto existe un virtual consenso: un ser vivo es aquél que ha iniciado su ciclo vital y aún no lo ha terminado, y cuyas partes forman un todo, y esa es la realidad del embrión: el ser humano empieza con el zigoto, resultado de la “fusión” de un óvulo y un espermatozoide, y el zigoto unicelular, en el día uno de la concepción, es ya un organismo único de la especie homo sapiens. Inmediatamente después de ser concebido empieza a producir enzimas y proteínas humanas y a dirigir su propio crecimiento y desarrollo. No se trata de una simple masa de células, simple tejido, o de un ser humano “potencial” o “posible”, sino de un ser humano, “una nueva, genéticamente única, recién existente, vida humana individual”, sin que la apariencia física del embrión juegue papel alguno en el debate, porque si bien es cierto que un embrión es físicamente muy distinto de un adulto de treinta años, también lo es un feto respecto a un adulto y un bebé respecto a un abuelo; pero lo que cambia es el “formato” no la naturaleza, que es la misma. La vida de un individuo tiene su origen en el zigoto y concluye con la muerte, y cualquier fotograma que se elija de este proceso vital se percibirá idéntico al fotograma anterior y al posterior, por lo que el estado embrionario del ser humano es sólo una fase más de su desarrollo, como lo es, por ejemplo, la niñez, y no hay modo (que no sea una arbitrariedad) de establecer una línea divisoria en el proceso evolutivo que separe lo que se presume humano de lo que no, por lo que, entre otras razones, el más elemental sentido de la prudencia obliga a protegerlo.

La contradicción a la que antes nos referíamos no se resuelve por tanto, como ya adelantábamos, con la propuesta de seguir con la legislación actual (Ley 2/2010) preconizada por algunos, ni con la de volver a la situación anterior, pero eliminando el aborto eugenésico, anunciada por el ministro, la contradicción solo desaparece si acudimos a la concepción antropológica clásica de la dignidad humana que va ligada al modo de ser racional del hombre, y que puede manifestarse o no, dependiendo de las circunstancias, pero que pertenece al ser, a la esencia misma del individuo, y es el fundamento del respeto ético hacia el hombre, sean cuales sean sus circunstancias, y fundamento de los derechos humanos de que son titulares cada hombre.

La contradicción se resuelve, en definitiva, utilizando el concepto de calidad de vida como lo que es, un concepto clínico, no un criterio para medir el grado de humanidad, dejando de lado esa falsa compasión que solo sirve para aliviar la conciencia y poder conciliar el sueño, y reconociendo sin ambages ni condiciones que el embrión es uno de los nuestros.