jueves, 15 de marzo de 2012

#violenciaestructural



“El legislador no debe ser indiferente a la situación de muchas mujeres que ven violentado su derecho a ser madres por la presión que ejercen a su alrededor determinadas estructuras”. 

Tras estas palabras en el Congreso del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en contestación a una diputada socialista preocupada por los cambios que pudiera sufrir la actual Ley del  aborto, se ha vuelto a reproducir la misma polémica de hace algunos años, cuando se promovieron, con notable éxito, iniciativas legislativas populares (ILP) para crear en las distintas Comunidades Autónomas redes de apoyo a la mujer embarazada. La idea que impulsó esas iniciativas no era la de entrar en el debate sobre la existencia o no de un ”derecho al aborto”  – tema al que ya me he referido en otras ocasiones –, sino la de generar una red solidaria de apoyo a la mujer embarazada, que le permitiera encontrar alternativas positivas frente al drama del aborto, y que éste no se le presentara como la única salida posible a lo que muchas veces, desde fuera, se le hace ver como un “problema”, y para ello se propuso una política pública de apoyo a la mujer embarazada que la ayudara a poder optar en libertad por la maternidad, alcanzando así mayores cotas de justicia social, y sensibilizando a la sociedad sobre el valor personal y social del embarazo y la maternidad.

La respuesta de partidos y asociaciones pro-abortistas fue entonces, igual que en esta ocasión, una oposición radical basada, por supuesto, en la descalificación como  retrógrados de quienes cuestionan que el aborto sea una solución y no un fracaso, en que el aborto es una cuestión subjetiva, ante la que solo cabe la neutralidad, afirmando que ayudar a las mujeres a que no aborten es no respetar su libertad para abortar, aunque siga existiendo esa posibilidad para aquellas mujeres que, voluntariamente, sin presión ni violencia de ningún tipo, quieran hacerlo y estén dentro de los supuestos legales, y partiendo de la presunción – que es mucho presumir - del libérrimo ejercicio de un derecho en toda mujer que aborta, apoyándose en la estadística (datos oficiales del IVE) para descartar las dificultades económicas entre las causas por las que lo hacen.

Sin entrar en el debate sobre el aborto, interrupción voluntaria del embarazo, ejercicio del “derecho a la salud reproductiva y sexual”, o como se lo quiera llamar, que al final todo es lo mismo, el hecho de que, estadísticamente, “la mayor parte” de las mujeres que recurren al aborto tengan trabajo o recursos económicos lo que implica es, precisamente, que también hay mujeres que no disponen de ellos, lo que además se ha agravado estos últimos años por la crisis económica; pero es que, además, la dificultades económicas no son las únicas a las que tiene que enfrentarse una mujer embarazada, porque los casos que pueden requerir que se le preste atención y ayuda – siempre a petición suya - son múltiples, desde problemas sicológicos (ansiedad, depresión, angustia, etc.), a graves conflictos personales, familiares, laborales y sociales (rechazo y amenazas de abandono de la pareja, presiones de los padres, de amigos y de compañeros, dificultades para continuar con los estudios o con el empleo en un entorno cada vez más competitivo en todas las escalas sociales, y un largo etcétera), además de los problemas de integración social específicos como los asociados a las singulares circunstancias de las inmigrantes en situación precaria en España. Y, por si fuera poco, existe una violencia de género específica que afecta a la mujer embarazada y que está estrechamente unida al aborto, y así lo señalaba, por ejemplo, un estudio del Instituto C.B. Medical (Madrid) realizado en el año 2005 por Doña Victoria Virtudes, Responsable de Estudios Sociales de la Mujer y Derechos Reproductivos de dicho Instituto –  nada sospechoso de tener la menor simpatía hacia los movimientos pro-vida – que afirmaba que detrás del 80% de los abortos se esconden manifestaciones de violencia de género, como sometimiento, presiones psicológicas y violencia física directa; y así ha sido reconocido el Ministerio de Sanidad español, que considera el embarazo como el primer factor grave de violencia contra la mujer.

Todo ese conjunto de situaciones componen esa “violencia de género estructural” contra la mujer embarazada a la que el ministro de Justicia ha tenido el valor de referirse con tanta claridad, sorprendiendo a propios y extraños, y desencadenando un agrio debate [en muy poco tiempo apareció en la red social Twitter el TT #violenciaestructural, al que responde el título de esta entrada], en el que resulta difícil de entender, hoy como entonces, que nadie pueda oponerse a que se ayude a aquellas mujeres que voluntariamente piden ser ayudadas, invocando la inviolabilidad de un abstracto “derecho” al aborto de la mujer en nombre del “progreso” y en contra de los “sectores más reaccionarios y ultra-conservadores de la sociedad española”.

Esa postura, ideológicamente inflexible, implacable, es la misma que sirvió, por ejemplo, para justificar el programa de asesinatos en masa llevado a cabo durante la Revolución Francesa, al que me referí en La´mi du peuple, y que después ha justificado los horrores vividos en el siglo XX, y me ha recordado las reflexiones de Iván Grigörievich, personaje de la novela “Todo fluye”, de Vassili Grossman, cuando meditando sobre el totalitarismo, leninista y stalinista, que aniquiló todo atisbo de libertad en Rusia explica que “En el curso de la historia del movimiento revolucionario ruso, los rasgos del amor al pueblo… se mezclaron con otros rasgos diametralmente opuestos, también presentes en muchos revolucionarios reformadores rusos:  el desprecio y la inflexibilidad hacia el sufrimiento humano, la admiración por el principio abstracto, la firme voluntad de aniquilar no  solo a los enemigos sino también a los  compañeros de causa apenas se desviaran un poco en la interpretación de aquellos principios abstractos. La sectaria dedicación a alcanzar el fin propuesto, la disposición a aplastar la libertad viva, la libertad presente, en nombre de una libertad imaginaria, a destruir principios morales cotidianos por los del futuro…”

No creo que sea exagerar la nota, ni que haya distancia alguna que salvar, porque de lo que se trata, al final, es del principio de que no importa el sufrimiento humano concreto, particular, con nombre y apellidos, no importa el sufrimiento de esa mujer que se queda embarazada y se ve, o se siente, sometida a presiones de todo tipo para que elimine ese “problema”, “su problema”, [¡qué bien lo trataba la película ”Bella”!] lo único que importa es salvar el principio abstracto, defender el “progreso” que supone el reconocimiento del “derecho a abortar”, que no puede detenerse ante una injusticia concreta.

La mujer abandonada a su suerte, el niño muerto en sus entrañas serán, todo lo más, un efecto colateral, insignificante, del avance del Progreso.