Califica la Vicepresidenta del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, a quienes se oponen al aborto como retrógrados siempre al acecho, se supone que contra el “Progreso”, que es el que nos va a emancipar de todas las ataduras, familia, tradición, nación, del propio cuerpo o del de otros, si es el caso, porque ni la libertad ni el progreso pueden detenerse ante una injusticia concreta.
Pero el hecho es que si el aborto se castigaba en el Código de Hamurabi (1.760 a.C.) como un delito contra la propiedad del padre, porque la madre le pertenecía en propiedad, tras la Ilustración y con la Revolución francesa se castigó como un atentado contra el Estado, al que se privaba de "futuros ciudadanos, trabajadores y soldados”, ahora se castigaría por suponer un atentado contra la propiedad de la madre, que por lo mismo, por ser de su exclusiva "propiedad", podría prescindir de la misma - de ese ser humano - mediante el aborto.
El problema es que muchos no apreciamos ningún progreso en ese simple cambio de titularidad, ni en ese “derecho a decidir” que hace depender la vida de un ser humano de la utilidad que pueda suponer a su supuesto propietario.
Sin pretender tener ninguna “patente de moral social” como dice la Vicepresidenta, e incluso, si se quiere, como ejercicio egoísta de autodefensa porque, si bien es cierto que ya no vamos a volver al seno materno, alguien puede considerarnos en algún momento poco útiles, lo que muchos reclamamos, al margen de cualquier religión, es que ningún Gobierno pueda definir nunca qué es vida humana, cuando comienza, cuando termina, y quién tiene o no derecho a vivirla.
