Una historia gore

La posibilidad de abortar legalmente se introdujo en España por LO 9/1985 que, mediante la introducción del artículo art. 417-Bis en el Código Penal, descriminalizó parcialmente el aborto en tres supuestos, grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre, violación, y graves taras físicas o psíquicas del feto; la reforma se justificó por el Tribunal Constitucional (STC 53/1985) argumentando que se trataban  de graves conflictos de características singulares entre los derechos de la madre y los del nasciturus, en los que ninguno de esos derechos era absoluto ni podía prevalecer incondicionalmente frente a los del otro, por lo que era necesario ponderar los bienes y derechos en cada caso, tratando de armonizarlos cuando fuese posible, y fijando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos en caso contrario.

La realidad de lo que ocurrió después, al amparo de esos supuestos, superó cualquier ficción, y estos son solo algunos pequeños retazos.

La celebración en octubre de 2003 del llamado "Primer Simposio Internacional Multicultural de Salud Reproductiva" en Barcelona, al que estaba invitado la flor y nata del sector abortero mundial, 230 personalidades de la industria del aborto, atraídas por un programa que incluía cincuenta intervención hands on, es decir, la posibilidad de participar físicamente en una "interrupción voluntaria del embarazo", con los mejores médicos en “salud reproductiva” del mundo.

El reportaje, publicado el 10 de octubre de 2004 por el diario británico The Sunday Telegraph, de una periodista inglesa infiltrada como clienta en Ginemedex, que filmó con cámara oculta como iban a abortar a su bebé, sin problemas, mediante una falsa declaración de "urgencia ginecológica".

El reportaje de 29 de octubre de 2006 de la Televisión pública danesa, emitido al día siguiente en Inglaterra y Holanda, con otra periodista infiltrada en una clínica del Dr. Morín, y cuyo aborto de 26 semanas se iba a justificar con un documento de "grave riesgo para la salud -psíquica- de la madre". 

Las diligencias que a instancias de una Comisión rogatoria holandesa (que al parecer, y pese a todo, no tienen tantos complejos a la hora de hacer cumplir la ley) se abrieron en el Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona – según noticias publicadas en marzo de 2008 – contra el citado Dr. Morín y a la clínica Ginemedex por un aborto cometido a una joven holandesa de 24 años, que fue detenida e ingresada en prisión provisional en su país, tras supuestamente abortar en la semana 27 de gestación.

El descubrimiento en marzo de 2007 de restos de más de cien fetos abortados tirados a la basura en contenedores junto al abortorio Isadora de Madrid, y el descubrimiento en noviembre de 2007, tras la detención por la Guardia Civil del Dr. Morín y algunos de sus colaboradores a instancias de la fiscalía de Barcelona por los delitos de aborto y de asociación para delinquir, de la existencia en una de sus clínicas de un triturador industrial (modelo STR-2000), de los que se utilizan para desperdicios en mataderos, pescaderías, fábricas de conserva y mercados de todo tipo que, presuntamente, utilizaban para deshacerse de los fetos de mayor tamaño,

Lo que estaba ocurriendo parecía una película gore difícil de superar y, sin embargo, lo verdaderamente terrorífico estaba por llegar, y fue la reacción de nuestros dirigentes políticos.

Don José Antonio Alonso, portavoz entonces del grupo parlamentario socialista, criticó lo que consideró una incautación de expedientes clínicos, y calificó la instrucción judicial como inquisitorial y desproporcionada pues “iba dirigida al corazón de la intimidad de las mujeres”. La Vicepresidenta del Gobierno, Doña María Teresa Fernández de la Vega, señaló que lo único que había que tutelar era la autonomía de la mujer, y declaró que “había que analizar porqué se ha producido ahora el problema y si es verdad que se están produciendo citaciones que están vulnerando los derechos fundamentales a la libertad, a la dignidad y a la intimidad….no lo vamos a tolerar.” Pero la intervención estelar fue la del Ministro de Sanidad, Sr. Bernat Soria, que a mi, confieso, me dejó fuera de juego, porque oí sus declaraciones, respecto del tema de la trituradora, en la radio del coche solo parcialmente, y me pareció que estaba indignado, o por lo menos sí que dejó claro, y así lo entendí, que era indignante y que lo iba a solucionar.

La solución, denunciada por ABC - Editorial 29 de enero de 2008 - consistía en la reforma de la normativa que regula la sanidad mortuoria para que solo tuvieran la consideración de «restos humanos» aquellos provenientes de fetos con una gestación superior a veintiocho semanas. Por debajo de este plazo, se calificarían como «residuos sanitarios» (gasas, tiritas, etc.), permitiendo de ese modo poder tirarlos a contenedores en lugar de la inhumación o cremación exigida para los restos humanos. Es decir, que para el ministro de sanidad, el drama del aborto no era más que un problema de residuos mal gestionados.

Si, como dijo Ernt Jünger, la cultura se basa en el tratamiento que se da a los muertos, y se desvanece con la decadencia de las tumbas, hay algo que va muy mal en nuestra cultura, en nuestra sociedad, cuando se pueden hacer semejantes propuestas sin coste político.


NOTA. He luchado con la idea de colocar, debajo de la foto del feto, otra foto mostrando la realidad del aborto, un feto descuartizado por la aspiradora, o por las pinzas, o quemado por la introducción de solución salina en el líquido amniótico. A veces tengo la impresión de que tanta abstracción en la argumentación en torno al aborto equivale a transigir con el lenguaje políticamente correcto, ellos hablan de “salud reproductiva”, nosotros del “derecho a la vida”, y ¿la realidad de la carnicería que se comete?,  ni ellos ni nosotros queremos verla, es demasiado horrorosa. He optado finalmente por no poner la foto, porque creo que para ver esas imágenes hay que estar previamente preparado, advertido, y no puedo hacerlo en este medio.

Addenda. El caso contra el Dr. Morin fue archivado a instancias de la fiscalía por el Juzgado de Instrucción nº35 de Madrid, el 15 de julio de 2010, 10 días después de que entrara en vigor la nueva ley de plazos, LO 2/2010 de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, al estimar que no existían pruebas de que los abortos se hubieran practicado fuera de esos nuevos plazos legales instaurados por la nueva Ley.