Desde entonces, y pese a lo que sería razonable esperar, la oposición y contestación al aborto no solo se fue diluyendo con el paso de los años hasta dejar de ser cuestionado, prácticamente, en ámbitos políticos, mediáticos, y en buena parte de la sociedad, sino que cuando ya no se pudo ocultar el escándalo de las cifras, ni la sordidez y la truculencia de lo que estaba ocurriendo, una historia de horror gore denunciada por la prensa internacional, se utilizaron esas mismas cifras y esos mismos hechos para obviar el debate “aborto sí / aborto no", que circunscribieron a un pequeño sector etiquetado como “católico-ultraconservador” (¿tendremos que incluir bajo esa etiqueta a Gustavo Bueno o a Norberto Bobbio?), y para justificar la necesidad de su ampliación mediante una ley de plazos, que se llevó a efecto por Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Oigo a la ministra Leire Pajín (31/03/2011) argumentar en defensa de esa ley de plazos que por primera vez desde que se tienen datos ha bajado el número de abortos en 2009, y es cierto, de 115.812 en 2008 a 111.482 en 2009; pero la nueva Ley entró en vigor el 5 de julio de 2010, ¿cómo puede hablar de éxito, y cómo lo puede atribuir a la nueva Ley?
No importa, nunca ha importado la coherencia de la argumentación tratándose del aborto, y es fácil que entre quienes lo justifican argumenten, contradictoriamente, que es una grave decisión que solo concierne a la mujer, y que equivale a eliminar un pólipo; que tratándose de un especie protegida, una vez iniciado su ciclo vital se trata de un ser vivo de esa especie protegida, cualquiera que sea su grado de desarrollo, cuestionándolo cuando se trata de un ser humano; o que es para garantizar y proteger adecuadamente la vida prenatal que se permita su libre eliminación sin más requisitos, durante las primeras 14 semanas, que la simple voluntad / deseo de la madre, la otra parte, cuyos intereses en conflicto con la vida que porta prevalecen, a costa de esa vida, argumentando que es una cuestión puramente subjetiva que solo concierne a la madre porque, dicen, al fin y al cabo a nadie se obliga a abortar… ¡vaya un argumento, faltaría más!
No, no se puede aceptar que el aborto sea una cuestión subjetiva, porque ni la ciencia, ni el concepto de persona, ni el derecho a la vida pueden ser subjetivos; porque, como dice Gustavo Bueno [“El fundamentalismo democrático”],“La vida de ese hijo que tiene ya una identidad singularizada no tiene nada que ver con que otra persona, aunque sea su madre, lo desee o lo deje de desear…¿qué le importa al germen, al embrión, al feto o al infante, que tienen una vida individual propia y autónoma respecto de la madre, el no haber sido deseado por ella?”; y sin embargo se utiliza el argumento de la subjetividad de la decisión, para exigir la “neutralidad”, del padre, que simplemente no existe, del resto de la sociedad y del Estado. Pero ¿es posible realmente esa neutralidad?
Decía Ortega y Gasset que “Ni un solo instante se deja descansar a nuestra actividad de decisión. Incluso cuando nos abandonamos a lo que venga, hemos decidido no decidir.”
No existe, no puede existir la neutralidad, porque quien decide ser “neutral” y no pronunciarse ante la violencia, favorece por omisión a quien la ejerce, y puesto que el aborto es siempre un acto violento, quien apoya la “libre elección” y lo remite al ámbito subjetivo de la madre, lo que hace es favorecer y apoyar el aborto. Por la misma razón, ni el Estado ni las leyes pueden ser neutrales, porque cuando una ley aprueba o reprueba una actividad o comportamiento no se refiere a cuestiones puramente subjetivas, que no precisan ser reguladas, e impone o postula criterios sociales de comportamiento, y puesto que hay un ser vivo de la especie humana, sea embrión, feto o infante, con una vida individual propia y autónoma respecto de la madre, es evidente la dimensión pública del aborto y es inevitable que el Estado se pronuncie, sancionando o protegiendo.
No, no puede haber neutralidad cuando desde un punto de vista científico no cabe la menor duda de que se trata de un ser humano, y desde un punto de vista jurídico, político y social también, como pone de manifiesto la misma existencia de una ley del aborto, que carecería de sentido si no tuviera por objeto regular en qué condiciones es posible darle muerte; y aunque hay quien desde posiciones pro-abortistas plantea un debate filosófico, político y jurídico acerca de a partir de cuando puede ser considerado “persona” ese ser vivo de la especie humana para concederle u otorgarle, en definitiva, la titularidad del derecho a la vida, sorprende que en una sociedad como la nuestra, tan garantista para tantas cosas, se haya impuesto el principio “in dubio contra…”, obviando que cualquier momento posterior al día uno de la concepción es siempre arbitrario, que dar muerte es dar muerte, y no hay equidistancia por permitirlo solo durante un plazo.
Mientras trato de ordenar las ideas y escribir estas líneas, leo en la prensa, el pasado 21 de marzo, que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Yves Bot, ha dictaminado que las células embrionarias que tienen capacidad de desarrollarse hasta formar un ser humano deben calificarse jurídicamente como embriones humanos y, por tanto, no se pueden patentar. Habrá que esperar a la decisión del Tribunal, pero la noticia es acogida con natural alivio y alegría de unos, discreto rechazo de otros, como exige la naturaleza de sus intereses (industria del aborto, industria genética -de humanos-, ideólogos de género, etc.) que califican de “progreso” y “avance” de la Humanidad, y la indiferencia de una inmensa mayoría que, o no se ha enterado, ocupada en otras cosas, o no le importa que haya quien ha pretendido patentar un ser humano y, ante la negativa de la oficina de patentes, ha acudido a los Tribunales.
¿Cómo es posible que individual y colectivamente se haya dejado de percibir el aborto como la eliminación de un ser humano o, simplemente, no se le conceda ningún valor a esa vida más allá de la abstracción formalista a que ha quedado reducida su declaración por el Tribunal Constitucional como “un bien jurídico protegible”? ¿Cómo es posible tanto silencio indiferente? ¿Llenaremos el vestíbulo de los ignavos?
Leo en la “Teoría pura de la República”, de Antonio García Trevijano, que “Entendida como contraria a la mentira, la verdad está proscrita por el poder Estatal. En virtud del principio universal del mínimo esfuerzo la falacia política anida en el reino de la sociedad gobernada. Y en virtud de otro principio universal, el de la adaptación al medio, las conciencias deciden vivir enajenadas, como si la mentira fuera verdad, hasta que el hábito suprime el como si, y lo sustituye por el así sea hebraico. El desmesurado afán de tranquilidad hace de la mentira verdad y funda el imperio de la falsedad …el deseo de querer estar en la verdad cede el paso a la querencia social de permanecer en el engaño.” La verdad es que no se refiere al aborto, pero da una razón de la sociedad líquida en que nos hemos convertido, enajenada al fundamentalismo democrático, haciendo verdad la mentira a golpe de definición legislativa, calculando el coste/beneficio que reporta cada ser humano, sin apercibirse de que “Si el hombre decide tratarse a sí mismo como materia prima, se convertirá en materia prima, pero no en una materia prima a manipular por sí mismo, como con condescendencia imagina” (C.S. Lewis, “La abolición del hombre”), sino a manipular por la simple apetencia de quienes ostentan y ejercen el poder; y es que lo que se nos presenta como progreso, como un ámbito ganado a la libertad resulta ser finalmente un yugo que nos sojuzga porque “lo que llamamos el poder del hombre sobre la Naturaleza se revela como un poder ejercido por algunos hombres sobre otros con la naturaleza como instrumento”.
¿Realmente, no nos importa, no tenemos nada que decir?
